La nafta ya tiene caña del norte adentro. El Senado votó para que tenga más alcohol.

Cada vez que cargás nafta, al menos doce de cada cien litros no son nafta. Son alcohol. Pueden ser más: desde marzo las refinadoras están habilitadas a llegar a quince, y cuánto ponen en cada tanque no se publica. Casi la mitad de ese alcohol sale de la caña de azúcar del norte: el bioetanol de caña que abastece el corte se produce en Tucumán, Salta y Jujuy, y en ningún otro lugar del país.

Eso no lo decidió el mercado. Lo decidió el Estado, primero por ley y después por resolución. Desde 2010 la nafta lleva alcohol obligatorio: arrancó en 5%, pasó a 10% en 2014 y a 12% en 2016. El jueves 17 de septiembre el Senado dio media sanción a un nuevo régimen que lo lleva a 15% a los doce meses de la sanción: cuarenta y un votos a favor, veinticinco en contra, ninguna abstención. Fue una semana después del pedido público del gobernador Jaldo. Los tres senadores tucumanos votaron a favor, entre ellos Juan Manzur, el solo voto a favor de un bloque que puso dieciocho en contra. Ahora pasa a Diputados, y ahí todavía no hay fecha.

Antes de seguir hay que aclarar algo, porque explica buena parte de esos votos negativos. El conflicto del debate no estuvo en el bioetanol, sino en el capítulo del biodiésel, y sobre todo en la participación reservada a las empresas no integradas, que el proyecto reduce de manera escalonada. Ahí se concentraron las objeciones de senadores de La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires. El jefe del bloque justicialista, José Mayans, lo dijo en el recinto: «Nosotros queremos votar la parte de Bioetanol, donde hay acuerdo, pero no podemos votar la parte de Biodiesel por solidaridad con los sectores a los que le van a cerrar la empresa». Esta columna no entra en esa otra discusión.

El 15 no nació en el Senado

A fines de febrero hubo una acción militar en Medio Oriente, y el tránsito por el estrecho de Ormuz se derrumbó. La agencia de energía de los Estados Unidos lo describió como un cierre de hecho. El Brent, que venía de 72 dólares, superó los 100 el 12 de marzo y cerró el trimestre en 118. Esta semana, según el seguimiento de buques que publica Reuters, el tránsito siguió muy por debajo de lo normal y el Brent tocó 106 para cerrar el jueves cerca de 104.

Con la nafta disparada, la Secretaría de Energía corrigió por resolución un detalle técnico. Las especificaciones ya admitían hasta 15% de bioetanol desde 2022; la restricción que se invocaba para no pasar del 12% era el tope de oxígeno de la nafta. En marzo ese tope subió y cada refinadora quedó libre de estirar la mezcla hasta el 15% si quería. El mínimo obligatorio siguió siendo 12%.

Qué significó eso en el surtidor tiene dos caras. En su balance del segundo trimestre, YPF informó que la suba internacional se trasladó en buena medida al precio final, y que el costo de sus compras de bioetanol subió 8%: 9% más de volumen y 1% menos de precio por litro. El etanol le bajó de precio y aun así le costó más, porque compró más.

La diferencia entre marzo y ahora cabe en dos palabras: permiso y obligación. Aquel 15% dependía de lo que decidiera cada petrolera. Este, si Diputados acompaña, es una obligación legal, y el régimen que la fija corre por quince años.

Qué es el bioetanol, en criollo

Es alcohol etílico, el mismo de siempre, al que se le saca casi toda el agua hasta obtener etanol anhidro. El que sale de la destilería con agua es el hidratado; el anhidro es el bioetanol que se mezcla con la nafta, y a ese porcentaje de mezcla se lo llama «corte».

Un ingenio muele caña y saca jugo. Del jugo cristaliza el azúcar, y la melaza que queda va a la destilería. Algunos ingenios además mandan jugo directo a alcohol cuando les conviene. La misma planta, la misma caña, dos productos. Esa es la clave de todo lo que sigue.

Cuánto valen tres puntos

En 2025 se vendieron en Argentina 1.181 millones de litros de bioetanol para nafta, según el anuario que publican el Centro Azucarero y la Cámara de Bioetanol de Maíz sobre datos de la Secretaría de Energía. Pasar de 12% a 15% significa unos 300 millones de litros más por año, si el consumo se mantiene parecido: alrededor de un 25% más de mercado.

De ese abastecimiento, el 47% salió de caña y el 53% de maíz. Y toda la caña es del norte. Según el IPAAT, Tucumán concentra cerca del 59% de la producción regional de alcohol y Salta y Jujuy aportan el 41% restante. Diez destilerías tucumanas y siete plantas deshidratadoras; cinco destilerías y cuatro plantas entre Salta y Jujuy.

Acá hay que ser prolijo, porque es donde más se exagera. Según el cierre de campaña que publicó el IPAAT, en 2025/2026 el norte produjo 618.467.953 litros de alcohol, récord histórico, y 516 millones de esos litros, el 83%, se deshidrataron para combustible. La campaña no coincide con el año calendario, así que ese número no se compara punto a punto con las ventas de 2025. Traducido: hay plantas y hay una industria funcionando a pleno. Lo que no hay es una cifra pública de cuánto más puede dar el NOA sin invertir un peso. No la publica el Estado ni la publican las cámaras. Quien diga que esos 300 millones de litros ya están esperando en el norte está afirmando algo que hoy nadie puede verificar.

Por qué esto le importa más a Tucumán que a nadie

Los números públicos de la campaña 2025/2026 lo dicen solos: 302.320 hectáreas de caña sobre unas 750.000 hectáreas cultivadas en la provincia. Cuatro de cada diez hectáreas cultivadas de Tucumán son cañaveral. Y esa tierra está muy repartida: según el Centro Azucarero hay unos 4.500 productores cañeros independientes en el país y 3.500 tienen menos de 50 hectáreas. Es un dato de cámara, no una estadística oficial, y describe bien la estructura.

Sobre el empleo las cifras que circulan no miden lo mismo. El Centro Azucarero habla de unos 45.000 puestos directos. El último dato oficial que encontramos, de 2017, contaba 15.207 puestos registrados, y sólo en los ingenios: no incluye la etapa agrícola ni la cosecha, que es donde está buena parte del empleo cañero. No son comparables, y ninguna de las dos cierra la discusión.

Cuando el azúcar se cae, se cae un pedazo de la provincia. Y el azúcar se cae seguido. Según la serie del IPAAT, precio de la bolsa de 50 kilos a la salida del ingenio y sin IVA, en 2023 llegó a un máximo de $25.800 y cerró el año en $23.900. Hoy publica $30.430: 27% más que aquel cierre, en pesos corrientes y tres años después, lo que contra la inflación del período es una caída fuerte. El productor lo mide en la bolsa que cobra: en agosto de 2025 una dirigente cañera de la Federación Agraria describía una de $19.000, un valor declarado y no la serie oficial. Con esa montaña rusa no se planifica una zafra, no se financia un productor chico ni se sostiene un puesto de trabajo.

El alcohol es el amortiguador. Cuando el azúcar no paga, el ingenio con destilería manda más caña molida a alcohol. El Centro Azucarero declaró en Diputados que el bioetanol explicó el 29,2% de la facturación del sector en 2025. El límite es el cupo: por más que el ingenio quiera producir, hay un techo de lo que puede vender al corte. Por eso un corte obligatorio más alto es, antes que nada, un techo más alto.

La letra chica, que es donde se juega el norte

Conviene bajar la euforia, y esta vez no hace falta confiar en las crónicas: está en el artículo 13 del dictamen. Mientras rija la ley se mantienen las reservas del 6% para el bioetanol de caña y del 6% para el de maíz. El porcentaje que falta hasta el corte total, dice el texto, «no estará sujeto a ninguna regulación sobre su materia prima de origen»: puede ser caña, maíz, otros cereales, biomasa forestal o cualquier materia prima que el régimen admita. Importado no, salvo faltante de oferta o autorización por excepción.

Y hay una salvedad que merece leerse dos veces, porque casi no se contó. El mismo artículo 13 faculta a la autoridad de aplicación a disponer «un cupo en el porcentaje de corte remanente» para otras materias primas, y a modificar excepcionalmente el porcentaje obligatorio por motivos ambientales, sociales o económicos. Traducido: ese 3% libre puede dejar de ser libre por resolución, sin volver al Congreso.

Y en esa competencia la caña arranca con dos desventajas. La primera es de calendario: las principales plantas de maíz producen todo el año, mientras que la caña depende de la zafra y, aunque las destilerías estiran la campaña con melaza almacenada, su curva de producción es distinta. La segunda es de precio: la Secretaría de Energía le fija en septiembre un precio mínimo de $1.072,497 al litro de caña y de $982,976 al de maíz, un 9% más para la caña. Cuánto le cuesta de verdad producirlo a cada uno es el dato que ninguna de las dos cámaras publica.

O sea: el norte no gana tres puntos. Gana la posibilidad de pelear por tres puntos. No es lo mismo.

Lo que cambia de fondo

El cambio más profundo no es el porcentaje. Es el sistema. Hoy el Estado le asigna a cada empresa un cupo y le calcula el precio con una fórmula de costos. El artículo 14 reemplaza eso por subastas dentro de un mercado electrónico centralizado y de acceso público, operado por un tercero independiente; el 16 manda publicar un precio de referencia, que es lo que costaría traer el producto de afuera; y el 9 pone un techo: ninguna empresa puede quedarse con más del 20% del bioetanol del corte obligatorio en el año.

Un sistema de subastas premia al que produce más barato. Para el ingenio que invirtió y es eficiente, es una oportunidad grande. El que dependía del cupo asignado queda expuesto, con quince años de anticipación.

Hay una puerta lateral. El artículo 15 permite firmar contratos a término por fuera de la subasta, de libre negociación en precio y plazo, para los mismos volúmenes del corte obligatorio. Antes de votar se agregó que esas operaciones deban informarse a la autoridad de aplicación. Varios senadores advirtieron que por ahí se puede vaciar el mercado electrónico antes de que llegue a funcionar. Es la letra que más conviene seguir en Diputados.

Y el que carga nafta, qué

El litro de etanol se vende a valores de planta, con ese precio mínimo oficial de $1.072,497 para el de caña en septiembre, y la porción de bioetanol está exenta del impuesto a los combustibles líquidos: el artículo 34 del dictamen mantiene ese criterio. Eso no es comparable con el precio del surtidor, que incluye impuestos, logística y margen de estación. Por eso subir el corte no se traslada al precio final en la misma proporción. De ahí a decir que no encarece el litro hay un salto que no hay que dar: el balance de YPF muestra el otro lado, porque cuando el crudo se disparó el aumento llegó al surtidor igual.

Por kilómetro la cuenta es otra. Un litro de etanol tiene alrededor de un tercio menos de energía que uno de nafta. La EEAOC publicó que una nafta al 15% consume 5,4% más que la nafta pura, y ese número va a circular. Ahora bien, hoy nadie carga nafta pura: cargamos 12%. El salto que se discute es de tres puntos y da, extrapolando ese mismo dato, alrededor de 1% más de consumo: medio litro por tanque de cincuenta. Con la ley nueva, además, el precio del etanol deja de fijarlo el Estado y queda expuesto a las referencias internacionales, así que no está garantizado que el litro de alcohol siga entrando más barato que la nafta.

Sobre los motores, el INTA sostiene que un aumento moderado del corte no debería tener impacto importante en los nafteros modernos. Los viejos, con carburador, son los que merecen advertencia. Las terminales no están de acuerdo: cuando ADEFA expuso en el Senado, en junio, advirtió que cualquier cambio en el corte obliga a invertir en calibración. Quién paga esa inversión es una discusión que todavía no dio nadie, y vuelve en Diputados.

Cómo se ve esto desde Brasil

Argentina discute pasar de 12 a 15. Brasil, por ahora, está en 32.

Desde el 1° de agosto la nafta común brasileña lleva 32% de alcohol obligatorio. Venía de 30% desde agosto de 2025 y de 27% antes. La ley que habilitó esa escalera permite llegar hasta 35%, y el 32 se aprobó por 180 días prorrogables una sola vez: allá el corte se mueve como herramienta de política energética, no como un número escrito en piedra.

La escala tampoco se parece. Brasil produce más de 35.000 millones de litros de etanol por año, sumando hidratado y anhidro de todos los usos; Argentina produjo en 2025 alrededor de 1.300 millones de bioetanol combustible. Más de veinticinco veces. Del otro lado hay 345 ingenios y unos diez millones de hectáreas, menos del 1% del territorio.

Ahora bien, el número que más ordena la cabeza no es la producción. Es el consumo. Sumando el alcohol mezclado en la nafta y el que se carga puro, y según los escenarios que publica la EPE, el etanol explica cerca de la mitad del consumo de los vehículos del ciclo Otto brasileños, medido en litros de nafta equivalente. La otra mitad es nafta.

Eso no salió sólo del corte obligatorio. Desde 2003 se venden autos flex, que andan con nafta, con alcohol puro o con cualquier mezcla, y hoy son la gran mayoría del parque liviano. Y acá va la parte que en Argentina casi nunca se cuenta: que un auto pueda cargar alcohol no significa que lo cargue. Según la consultora Datagro, alrededor del 30% de los flex brasileños carga etanol de manera habitual, y el dato de 2026 lo ubica en 29%. Ni Brasil, con cincuenta años de programa encima, tiene resuelto el consumo voluntario. Lo que sí tiene resuelto es el piso obligatorio. La conclusión es incómoda para los dos bandos: el corte no alcanza, y sin corte no hay nada.

Hay una diferencia más, y es la que más se parece a lo que votó el Senado. Brasil no reparte cupos por empresa ni le fija el precio al etanol: los cupos se terminaron con la disolución del Instituto do Açúcar e do Álcool, en 1990, y los precios se liberaron entre 1998 y 1999. Lo que hay hoy es un corte obligatorio y metas de descarbonización para las distribuidoras, que compran certificados en la bolsa para cumplirlas. El Estado define cuánto y con qué reglas; el precio lo define el mercado. A grandes rasgos, es la dirección del proyecto argentino. Brasil lleva casi treinta años andando ese camino.

Nada de esto es gratis. Un trabajo de Marcelo Sant'Anna, de la Fundación Getulio Vargas, publicado en 2024 en The Review of Economics and Statistics, midió de dónde salió el crecimiento del etanol brasileño: en el margen, el 92% vino de sumar hectáreas y el desmonte directo explica el 19% de esa expansión. En la versión de trabajo del mismo estudio, el autor calcula que el carbono liberado tarda alrededor de veinte años en compensarse. Brasil sirve como referencia de escala y de reglas. No como certificado de que todo crecimiento sea bueno.

Esa diferencia entre crecer sumando hectáreas y crecer produciendo mejor, para Tucumán, no es teórica. Es exactamente la diferencia entre usar mejor el cañaveral que ya está y plantar caña donde hoy hay otra cosa.

Lo que ya está construido

Tucumán ya cargó nafta con 15% de alcohol. Entre 1981 y 1989 funcionó la Alconafta, que llegó a doce provincias, nació acá y terminó con mezcla al 15%. La estructura técnica que la hizo posible sigue en pie: la EEAOC cumplió 117 años y desde 2011 tiene un laboratorio dedicado a controlar la calidad del bioetanol: los números que se discuten hoy sobre cuánto consume de más un auto con más alcohol los publicó esa estación, con la UNT. El INTA Famaillá midió tres años seguidos lo que emite el cañaveral y encontró casi la mitad de lo que supone el manual internacional de referencia, siempre que no se queme.

A eso se le suman quince destilerías de caña, once plantas deshidratadoras y una industria que acaba de cerrar la campaña de alcohol más grande de su historia. El sector calcula que en 2025 el bioetanol reemplazó nafta importada por alrededor de 600 millones de dólares, sobre once meses; es una estimación de las cámaras, no una estadística oficial.

Lo que faltaba no era ciencia ni fierros. Era una ley que dijera cuánto.

La ley provincial que nadie aplicó todavía

Mientras Tucumán le pide a la Nación un corte obligatorio más alto, tiene una ley propia de cuya aplicación no hay registro público.

El 25 de abril de 2024 la Legislatura sancionó la Ley 9.766, de biocombustibles y bioenergía a partir de la caña de azúcar. Se promulgó el 9 de mayo y la autoridad de aplicación es el IPAAT. No habla sólo de producir: habla de consumir, de reemplazar combustible fósil por alcohol de caña en transporte, energía y obra pública provincial.

Fijó dos plazos de 180 días. El artículo 5 le dio ese plazo a los organismos públicos provinciales, desde la publicación, para presentar un plan gradual de migración de su flota. El artículo 15 se lo dio al IPAAT, desde la promulgación, para reglamentarla. Los dos vencieron en noviembre de 2024.

Revisamos el registro de la Legislatura, el sitio del IPAAT y el archivo periodístico: no aparece esa reglamentación ni ese plan de flota. La propia página de marco regulatorio del IPAAT lista la ley nacional 27.640 y no la provincial. Puede existir un acto administrativo que no esté publicado. Norstream va a pedirle la información al IPAAT y va a publicar la respuesta, diga lo que diga.

Lo que no está en duda es que la ley está viva. En septiembre de 2025, según el registro periodístico, el Poder Ejecutivo provincial la citó expresamente para vetar un régimen de exenciones impositivas a los autos eléctricos e híbridos, con el argumento de que la provincia ya eligió el camino de los biocombustibles. Se la invoca para decir que no. Todavía no hay registro de que se la haya usado para decir que sí.

La comparación más útil no es con Brasil: es con Córdoba. Sancionó una ley parecida en noviembre de 2020 y en septiembre de 2022 ya tenía alrededor de 600 vehículos oficiales cargando biodiésel al 20%, con centro de carga propio. Es otro combustible y otra flota, porque son vehículos diésel. El punto es el mismo: puso al Estado a consumir lo que la provincia produce, sin esperar al Congreso.

Ahí aparece lo incómodo. Esto no depende de Diputados, ni de un acuerdo entre provincias, ni de que baje el Brent. Depende de reglamentar la norma, de definir el plan que la propia ley prevé y de tomar decisiones sobre la flota oficial. Es lo más barato que Tucumán puede hacer para respaldar con hechos lo que está reclamando afuera. Y es, de paso, el mejor argumento que la provincia podría llevar a Diputados: mostrar que lo que reclama afuera ya lo aplica adentro.

Qué habilita el nuevo régimen y qué no

El régimen que votó el Senado no dice «más caña». Seamos honestos: un piso de demanda más alto, con quince años por delante, es un incentivo a plantar más. El derrumbe del azúcar de 2025 coincidió con una fuerte expansión del área cañera que, según el trabajo del CFI que escribimos el año pasado, incluyó miles de hectáreas que antes tenían otros cultivos. Ampliar producción sin ampliar mercado también tiene costo. Que ese corte más alto sirva para usar mejor la caña que ya está, y no para llenar de caña lo que hoy es limón o soja, depende de los ingenios y de la provincia. No del Senado.

Cuando llegue a Diputados hay cuatro cosas para mirar. Si el 6% de caña se sostiene tal como salió del Senado. Si el 3% adicional queda abierto de verdad, o si sobrevive la facultad de la autoridad de aplicación de recortarle un cupo por resolución. Qué pasa con los contratos a término del artículo 15. Y si aparece una fecha, porque una media sanción sin calendario es una promesa, no una política.

El Senado abrió una puerta. No decidió quién se queda con ese mercado.

Falta Diputados. Falta competir. Falta usar la ley que Tucumán ya tiene escrita.

Falta la mitad.